La estadidad y Puerto Rico

A partir de 1967 el discurso estadista en Puerto Rico ha hecho referencia exclusivamente al sostenimiento económico mediante ayudas federales vinculadas a la igualdad que debemos ostentar como ciudadanos estadounidenses. Desde Luis A. Ferrer y “la estadidad jibara” a Carlos Romero Barceló y “la estadidad es para los pobres” la defensa de la anexión tiene vínculo directo a fondos federales. Es importante recapitular que no depende de los puertorriqueños un proceso de anexión como estado. Claro está, debe haber una intención mayoritaria del electorado para demostrar un genuino interés y no los engañosos números presentados al Congreso recientemente.

Desde la fundación de la Republica de Estados Unidos y su proceso de expansión hacia el oeste, los estados admitidos fueron por invitación directa del Congreso. En el artículo IV, sección tres de la Constitución de Estados Unidos se establece que “el Congreso podrá admitir nuevos estados a la Unión”. Tal artículo define tajantemente que es el cuerpo legislativo federal quien otorgar el acta de admisión y no son los territorios los que solicitan la anexión. En la isla la defensa de la estadidad viene ligada al vínculo de la ciudadanía estadounidense otorgada mediante la Ley Jones de 1917. Ese vínculo es parte del sustento de la tesis estadista que junto con el mantenimiento de las ayudas federales han desviado la atención de cómo realmente se inicia un proceso de admisión a la Unión.

El 18 de marzo de 1959 el Congreso de Estados Unidos legislo “The admission Act: An Act to Provide for the Admission of the State of Hawaii into the Union”. El Proyecto de ley fue firmado por el presidente Eisenhower. El 27 de junio de 1959 el territorio de Hawái celebro un referéndum, con aval congresional, donde 132,773 de 600,000 habitantes ejercieron su derecho al voto permitiendo que Hawái se convirtiera en estado.

Porcentualmente la participación electoral rondó el 22%. Similar a la participación electoral que hubo en el referéndum del 11 de junio en Puerto Rico, donde solo un 23% de los habitantes participaron en la consulta. La diferencia, entre el referéndum del 1959 en Hawái y el de Puerto Rico en el 2017, es que el primero fue propuesto, legislado y propulsado por el Congreso de los Estados Unidos.

Debemos tener claros que sin el aval congresional, el proceso de admisión como estado será nulo. Depende directamente del Congreso que se inicie un proceso de anexión. Dicho proceso conlleva el cumplimiento de varios criterios como crecimiento poblacional y desarrollo económico, a la misma vez que le demostramos a Estados Unidos que tenemos para ofrecerles y ser competitivos con los demás estados de la Unión.

Mientras el discurso estadista esté desviado únicamente al acceso a fondos federales y oculten el verdadero proceso de admisión y la credibilidad del gobierno actual juegue un papel importante. Como dice el representante José Aponte “el proceso de admisión se crea, no se espera que surja”. Precisamente, el movimiento estadista debe crear un proceso idóneo y correcto para encaminar a la isla al ideal que ellos entienden pertinente.

En estos momentos, la estadidad y Puerto Rico son incompatibles.